La ahora ministra de Sanidad, Ana Mato, presentó el 21 de diciembre de 2009 un ‘Código de buenas prácticas’, “anunciado por nuestro presidente, Mariano Rajoy, hace varios meses”, y que respondía a “un compromiso de autoexigencia que tiene este partido consigo mismo y de responsabilidad con los ciudadanos españoles”.
Entonces, Mato indicó que se hacía así porque “los partidos no deberían de mirar para otro lado cuando se producían conductas que no son adecuadas”, al tiempo que se comprometía, públicamente, a actuar bajo los principios de “integridad, transparencia y responsabilidad, ejemplaridad y, por supuesto, de honradez”.
Entonces la responsable popular indicó que dicho código era de obligado cumplimiento para “cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización“ que debían comunicar a la dirección nacional cualquier información relacionada con la apertura de procedimientos que tuviesen relación con la posible comisión de un delito y que, en uno de sus artículos indicaba que el Partido Popular se comprometía a someter, anualmente, sus cuentas a una auditoría externa “cuyo resultado se publicaría en la página web”.
Pese a que tres años después de este anuncio el Partido Popular nunca llegó a colgar en su portal los resultados de las auditorías de los años 2010, 2011 y 2012, este lunes, su secretaria general anunció que, cumpliendo órdenes del presidente del partido, éste se sometería a una auditoría externa al tiempo que abría una investigación interna tras la publicación de que su ex tesorero, Luis Bárcenas, tenía 22 millones de euros en una cuenta en Suiza y después de que el diario El Mundo informase de que había entregado, durante años, sobresueldos a los principales dirigentes de la formación, por importes que iban desde los 5.000 a los 15.000 € mensuales.
