El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia, presentada por la confederación Española de Policía (CEP), contra los diputados de Izquierda Unida Cayo Lara y Alberto Garzón por criticar la actuación de las Fuerzas de Seguridad en la represión de la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.
El Supremo proclama que las denuncias de ambos diputados, sobre excesos y brutalidad policial en la jornada del 25-S, estaban amparados en la libertad de expresión y en el principio de pluralismo político, ya que se refirieron a asuntos que eran de interés general y contribuyeron a la formación de opinión pública al respecto. En esta materia, sería “indeseable que el derecho penal constituyera un factor de disuasión del ejercicio de libertad de expresión”, añade el tribunal.
El alto tribunal desestima así la denuncia de CEP que consideraba que ambos políticos de IU habían injuriado gravemente de las Fuerzas de Seguridad con sus manifestaciones, lo que el artículo 504.2 del Código Penal castiga con pena de multa de doce a dieciocho meses.
