Centenares de personas se han manifestado este jueves en la ciudad para denunciar la reforma de los Registros Civiles, que pretende aprobar el Gobierno y que, como señalaron los convocantes, hará que las funciones de los mismos pasen a los registradores de la propiedad lo que, “en la práctica supone la privatización de estos servicios y, con ella, que los ciudadanos tengan que pagar por trámites que, hasta ahora eran gratuitos”.
Los concentrados, salieron de la rúa Lalín precedidos por varias pancartas y un grupo de gaiteiros, exigieron la dimisión del ministro de Justicia al grito de “¡Gallardón dimisión! o ¡Hay un ladrón y se llama Gallardón!” y exigieron que dicha “privatización” no se realice puesto que los trámites que tendrían que pagar los ciudadanos “son cotidianos”, y una vez que entre en funcionamiento esta reforma “pasarán a costar entre 10 y 40 €, ello sin contra que, en determinados concellos dejará de haber registros o carecerán de registrador, lo cual obligará a quienes tengan que obtener un certificado a desplazarse a otras poblaciones para conseguirlo”.
Entre los trámites que, desde ahora, pasarán a ser “de pago”, figuran los matrimonios, divorcios, cambios de nombres y apellidos, así como en las peticiones de nacionalidad, un extremo que ha sido confirmado por el Ministerio de Justicia, desde donde han recalcado que otros, como los nacimientos y defunciones seguirán sin tener coste alguno.
A juicio de la presidenta del comité de personal de los juzgados, “con esta reforma se pretende, además, generar negocio para los registradores que han visto reducidos sus ingresos al reventar la burbuja inmobiliaria” y recordó que, casualmente, el actual presidente del Gobierno es registrador de la propiedad.
Por lo que respecta al ámbito laboral, en toda Galicia serán más de 200 los trabajadores que se verán afectados por esta reforma, alrededor de 20 en Vigo, que dejarán de prestar estos servicios, “para los que ellos sí están cualificados, mientras que los registradores, no”.
En este aspecto, Justicia ha recalcado que los más de 1.000 registradores que hay en España son funcionarios públicos y que, cada uno emplea a una media de 6 personas, además de asegurar que la mayoría de los empleados que prestan este servicio se incorporarán a otros destinos y ámbitos dentro de la administración que, una vez que se apruebe la reforma llegará a ahorrarse más de 350 millones de euros anuales.
