Y es que el Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de ‘Protección’ a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero con el voto favorable del Partido Popular, Convergencia i Unió, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, y la abstención del Partido Nacionalista Vasco.
Tras un debate de casi tres horas, los populares han conseguido el respaldo de los nacionalistas catalanes y también de Foro Asturias y UPN, con los que han sumado 186 votos frente al rechazo de los 114 diputados de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y la mayor parte del Grupo Mixto. El PP también ha rechazado la petición de que el decreto se tramitara como proyecto de ley para introducir modificaciones.
Los partidos que se han opuesto al decreto de Preferentes criticaron que se aplique una quita a los pequeños ahorradores en lugar de devolvérseles la totalidad de su inversión. UPyD ha anunciado incluso que presentará una querella criminal en la Audiencia Nacional contra todos los que “comercializaron, promovieron, estimularon la comercialización y miraron para otro lado sin darse por enterados de esta estafa”.
Para el ministro de Economía, esta solución es rápida y eficaz, y ha recalcado que permitirá a muchos de los afectados recuperar sus ahorros, lo que se sumará a los efectos positivos de las medidas ya adoptadas por su departamento para evitar que este tipo de casos se repitan en el futuro.
Para ello, se crea una comisión de seguimiento que se reunirá por primera vez el próximo miércoles para definir los criterios que deberán cumplir los afectados por una comercialización engañosa de estos productos para poder acogerse al arbitraje, previendo un “procedimiento rápido para colectivos especialmente vulnerables”, que tendrán prioridad para acceder al arbitraje.
En concreto, podrán beneficiarse, en primer lugar, los afectados con menor nivel de ingresos, de edad avanzada en el momento de la contratación, con especiales cargas familiares, que carecieran de experiencia o formación financiera, o que tengan una mayor proporción de los ahorros invertidos en estos productos. También se permitirá acudir al arbitraje a los titulares de preferentes de Bankia que fueron obligados a canjearlas por acciones a principios de 2012.
De Guindos señaló que la solución pasa así por aceptar un canje de preferentes por acciones, por supuesto sometiéndose a una quita y, posteriormente, ‘acudir a Bolsa’ o al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para “recuperar la liquidez de sus títulos a precio de mercado”. Eso sí, quienes puedan demostrar que fueron estafados podrán acudir al arbitraje para optar a recuperar la totalidad de su inversión.
Para que el Fondo de Garantía pueda hacer frente a esta nueva obligación, el decreto incluye una derrama extraordinaria de las entidades financieras del 3 por mil de sus depósitos, hasta alcanzar una cifra de entre 1.500 y 2.000 millones de euros. El 40% de la contribución se deberá hacer en los primeros 20 días del año próximo y el 60% restante, antes de 2020.
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