De ellos, 2.100 don de la empresa matriz y los 1.000 restantes de sus filiales. A esta circunstancia se suma el hecho de que su presidente informase este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, entre diciembre del año pasado y febrero de este, vendió la mitad de su paquete accionarial, una operación que, de acuerdo con la ley, debe ser comunicado a la CNMV en un plazo máximo de cuatro días: no hacerlo constituye una infracción muy grave, con sanciones que incluyen desde cinco años de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección hasta multas máximas de 300.000 €.
Este mismo lunes, Pescanova, por medio de un comunicado, señalaba que, pese a la venta del significativo paquete accionarial, Manuel Fernández continúa siendo el mayor accionista. Apunta que la reducción del 14,42 al 7,45% de su participación “le generó importantes pérdidas”, y argumenta que la decisión de vender la tomó “preocupado por la situación de tesorería, por lo que decidió poner su patrimonio a disposición de la firma para resolver problemas urgentes de liquidez”.
Por su parte este argumento no ha convencido a Damm, segundo accionista de la multinacional gallega, desde donde se asegura que el presidente “engañó a la Comisión del Mercado de Valores, a los accionistas y al consejo de administración, tomando decisiones, como el preconcurso y el concurso de acreedores, que no podía, puesto que mantuvo cuatro consejeros pese a que con su nueva participación no le correspondían”.
Hay que recordar que Pescanova solicitó ayer, ante un juzgado de Pontevedra, el concurso voluntario de acreedores y, a menos de tres horas de expirar el plazo que le dio la CNMV, remitió la información financiera complementaria que le había exigido la Comisión hace más de una semana.
