El alcalde tendrá que nombrar a una nueva concelleira de Educación. Será así puesto que Olga Alonso, designada hace unos meses, no puede seguir en su puesto. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el precepto de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local de 2003, más conocida como ‘Ley de Grandes Ciudades’, que permite nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, es decir, que no hayan concurrido a las elecciones locales en las listas electorales.
Entre los afectados por esta situación se encuentran los concellos de Vigo y Ourense. Aquí, Abel Caballero, decidió incorporar a su gobierno a la profesora y ex secretaria comarcal de UGT, Olga Alonso que, teniendo en cuenta que el Constitucional declara nulo el párrafo segundo del artículo 126.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local en la redacción dada por la reforma de 2003, no puede seguir en su puesto.
Por ello, a partir de la publicación de esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deberá dejar su cargo a un concejal electo ya que, de otro modo, las decisiones que pudieran adoptar a partir de ahora serían nulas e inconstitucionales.
Eso sí, el Constitucional salva expresamente la validez de todos los acuerdos y resoluciones adoptados hasta la fecha por las Juntas de Gobierno en las que existían miembros no electos.
