Las personas intermediarias, algunas en Melilla, Valencia, Granada, o Málaga, contactaban con parejas que no podían tener hijos para ofrecerles un recién nacido a cambio de dinero. Cerrado el trato el siguiente paso era localizar a mujeres embarazadas que quisieran deshacerse del futuro bebé, las llevaban en los últimos meses de gestación a la casa refugio y allí cuidaban de ellas y hacían un seguimiento al parto.
Durante este tiempo, les costeaban los gastos que conllevaban esos cuidados y pagaban los billetes ida y vuelta a su lugar de origen, generalmente Marruecos, en la provincia de Nador. También se les facilitaban un certificado de nacimiento falso. “Cada uno dentro de la organización tenía un rol y una función. Estaban perfectamente organizados”, asegura el comandante de operaciones de la Guardia Civil.
Una vez que el niño había nacido, se le entregaba a la pareja, que lo inscribía, como hijo biológico, en el registro Civil de la localidad donde vivía. Antes, entraba en acción un sanitario, entre ellos una matrona, que entregaba un documento falso de asistencia al supuesto parte de esa madre y el alumbramiento del hijo de la pareja. Otras veces certificaban que el nacimiento había sido en el propio domicilio.
Esa documentación falsa, se presentaba en el registro Civil, para inscribir al bebé como propio. Los intermediarios cobraban entre 200.000 y 300.000 pesetas (alrededor de 1.800 €), aunque se han dado casos de parejas que llegaron a pagar 1 millón (6.000 €). La mayoría de los casos fueron ventas acordadas, en otro al parecer no se recibió dinero, sino que fue para buscar un mejor hogar al bebé, y al parecer sólo hay una víctima que denunció que alegaron que su hijo había muerto.
Toda la investigación surge tras una denuncia, presentada a finales de 2011, en el Juzgado de instrucción de Melilla nº 2, de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR ) con la denuncia concreta de “dos casos que sabían a ciencia cierta que fueron vendidos, porque así se lo confesó uno de los padres de adopción”.
Desde aquella fecha, la Guardia Civil de Melilla ha trabajado en la investigación que según el teniente coronel, Ambrosio Martín y el Comandante de operaciones, Arturo Ortega, “ha presentado muchas dificultades, porque hemos tenido que recurrir a los análisis de ADN, ya que para la toma de declaración , muchos de los implicados están enfermos por su avanzada edad, otros han fallecido, y algunos se instalaron a vivir en Marruecos. Sobre todo lo más dificultoso ha sido el tiempo que ha transcurrido”.
Y es que los hechos ocurrieron en la década de los 70-80, exactamente, según la investigación, hasta el año 1985. Entre los implicados de la trama organizada estaban tres hermanas, una de ellas se convirtió al islam, y se marchó a vivir a Marruecos, haciendo de enlace desde este país, y manejando sus contactos con futuras gestantes en el hospital de la zona .
