Más de cien periodistas de la agencia de noticias Associated Press (AP) tuvieron pinchados sus teléfonos por el gobierno de los Estados Unidos, sin que nadie de la administración Obama haya explicado cuál ha sido la rezón para ello. Según varios medios de comunicación, la finalidad podría ser el intento de descubrir una filtración dentro de la propia administración que estaba suministrando datos sobre las actividades antiterroristas de los Estados Unidos en Yemen, aunque ningún responsable público ha confirmado este extremo.
Hay que recordar que el gobierno Obama ha sido extremadamente beligerante contra los ‘gargantas profundas’, en especial en materia de seguridad y que, en este ámbito, ha actuado con una dureza inédita hasta hoy, llegando a encarcelar a antiguos miembros de la Central de Inteligencia (CIA) por haber relatado torturas a los presos de Al Qaeda, o pedido la extradición de Julian Assange, el factótum de Wikileaks, al que la justicia estadounidense podría condenar a cadena perpetua, tras haberse hecho con decenas de miles de telegramas con información reservada.
Según ha sabido AP, los ‘pinchazos’ se realizaron los meses de abril y mayo de 2012 y entre los espiados están varios periodistas que habían participado en la documentación y publicación de una noticia, el 7 de abril del año pasado, en la que se daba cuenta de como Estados Unidos había desactivado una operación de Al Qaeda para hacer explotar una bomba en un avión de pasajeros rumbo a Estados Unidos.
Ha sido el propio Departamento de Justicia el que ha informado acerca de esos ‘pinchazos’, en una carta remitida el viernes por el fiscal general al presidente de AP, Gary Pruitt.
Pruitt ha criticado duramente la intervención del Gobierno, y ha logrado -algo también inédito- el apoyo tanto de demócratas como de republicanos. También ha pedido la destrucción de todos los registros, alegando que, legalmente, el Departamento de Justicia estadounidense está autorizado a pinchar las comunicaciones de medios de comunicación…pero solo cuando haya agotado todas las demás vías y bajo órdenes explícitas del fiscal general del Estado.
