Así se lo ha comunicado la dirección general de Competencia de la Comisión Europea (CE) a los responsables de la Confederación Intersindical Galega (CIG), tras la reunión celebrada en Bruselas. En concreto, la devolución afecta a la parte de las bonificaciones aplicadas al ‘tax lease’ que se consideran como ayudas del Estado y que vulneran la normativa europea. Eso sí, los astilleros, según han interpretado los representantes de la central nacionalista, quedan fuera de esa obligatoriedad de devolución.
La CIG ha señalado que ahora debe de ser el Gobierno el que fije cuánto hay que devolver, quién tendrá que hacerlo, cómo se hará y de qué modo y cuándo. En este sentido, el sindicato nacionalista ha pedido que el proceso se haga lo más rápidamente posible para evitar que el impacto de una posible incertidumbre sobre la confianza de clientes, en los astilleros de la Ría.
En la actualidad, las autoridades comunitarias disponen ya de la documentación precisa para resolver la parte técnica del expediente, antes del final del verano aunque, según la CIG, la decisión sobre el tax-lease será política, por lo cual exige al Gobierno que señale en qué años se dieron esas ayudas “ilegales” y qué cantidades totales.
