Ahora puedes contarle esto al comisario Almunia, pinchando aquí accederás a su web y podrás dejarle un mensaje de lo que está pasando en el Naval gracias a su gestión; podrás pedirle explicaciones o, como han demandado la totalidad de los miembros del Parlamento de Galicia, instarle a que dimita ante el daño irreparable que está causando a la economía gallega, en general, y especialmente a la de Vigo.
Esta es la situación del Naval en Vigo tras dos años sin que los respectivos gobiernos, primero el de Zapatero y ahora el de Rajoy, hayan logrado renegociar en Europa una solución al tax-lease: 12.000 puestos de trabajo perdidos, casi el 70% del total, alrededor de 31.000 de los más de 50.000 indirectos que dependían de esta industria, eliminados o en peligro, 72 empresas auxiliares cerradas, Barreras y Vulcano sin carga alguna de trabajo ni pedidos y alrededor del 50% de las 262 firmas que resisten en el sector en peligro de desaparición.
A este panorama se une, ahora, la pretensión de que los astilleros, o los bancos, o los clientes, devuelvan alrededor de 1.800 millones de euros que, de acuerdo con la Comisión Europea, es la cantidad de la que se beneficiaron aplicando el anterior tax-lease…cantidad que el sector ni tiene, ni puede conseguir.
Quien obliga a devolver estos 1.800 millones de euros – 300.000 millones de las desaparecidas pesetas – es el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, quien defiende que los mismos fueron utilizados indebidamente por los astilleros gallegos entre 2005 y 2011, beneficiándose de bonificaciones fiscales que les ayudaron a hacer competencia desleal a los fabricantes del resto de Europa.
Sin embargo esto es, simplemente, una mentira. La propia comisión abaló el tax -lease español en 2004, cuando el gobierno de Holanda subvencionó a varios astilleros de aquel país . Entonces la EU declaró tales ayudas como ilegales y, ante la protesta de Holanda señalando que España aplicaba un sistema similar, pero vía fiscal, recalcó que “el sistema español no solo no es discriminatorio, sino que respeta el principio de confianza legítima que, de acuerdo con la legislación comunitaria es exigible en estas operaciones”.
En 2009, la antecesora de Almunia en la Comisaría de la Competencia, la holandesa Neelie Kroes, contestaba al gobierno Noruego, uno de los denunciantes – además de Alemania y Holanda del tax-lease español, que “la Comisión entiende que, en modo alguno, puede calificarse, en ningún aspecto, que el sistema español sea discriminatorio, por ello la Comisión no impulsará ni acompañará o complementará medida alguna contra esta regulación”.
Incomprensiblemente, en 2011, la presión del gobierno y de la poderosa industria naval holandesa logran de Joaquín Almunia lo que no pudieron lograr de su conciudadana Meelie Kroes: que el comisario, aupado a la vicepresidencia de la Comisión con el beneplácito de varios gobiernos, el holandés entre ellos, declare la suspensión del tax-lease. El sector naval español, fundamentalmente el privado y dentro de este el gallego, se paraliza, sin ayudas no hay pedidos, no hay cartera de clientes, no hay trabajo y empiezan los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) – caso de Barreras – las suspensiones de pagos – Barreras y Vulcano – y el cierre de empresas.
