La Comisión Europea ha propuesto este miércoles asumir nuevos poderes para convertirse, a partir de 2015, en la autoridad única de la UE que tendrá el poder de decidir sobre la liquidación de los 6.000 bancos de la eurozona, incluso en contra de la voluntad del Estado miembro donde esté basada la entidad.
Bruselas tendrá la última palabra, aunque las decisiones las preparará un comité ejecutivo con representantes del Banco Central Europeo (BCE) y de los Estados miembros.
El Ejecutivo comunitario contará con un fondo, también único y prefinanciado con tasas a la banca, para cubrir los costes de las quiebras. Bruselas quiere que su dotación sea de 55.000 millones de euros -el 1% de los depósitos cubiertos de la eurozona- y que se construya en un plazo de 10 años. Podrá contar con ayudas públicas si es necesario pero deberán recuperarse a posteriori con nuevas tasas bancarias.
El objetivo de esta iniciativa es garantizar que en caso de quiebras bancarias, especialmente las transfronterizas, las decisiones se adopten de forma rápida y eficaz con reglas que creen seguridad en el mercado y minimizando el impacto en las finanzas públicas, según ha dicho el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.