El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia ha rechazado este jueves los argumentos presentados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los presidentes de Galicia, Asturias y el País Vasco, y ha insistido en pedir la devolución de las ayudas de hasta 3.000 millones concedidas a los astilleros entre 2005 y 2011 mediante las bonificaciones fiscales del ‘tax lease’.
Almunia ha aceptado únicamente eximir de la obligación de devolver estas subvenciones tanto a los astilleros como a los armadores que compraron los buques, pero no a los inversores y a las entidades que financiaron su construcción. La decisión final se adoptará el 17 de julio.
“Con argumentos jurídicos hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, es decir, a los compradores de los buques. Ya habíamos anunciado que los astilleros no tienen ninguna responsabilidad a la hora de devolución de ayudas. Por lo tanto, queda la devolución de ayudas de los inversores”, ha reiterado Joaquín Almunia.
El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha rechazado los argumentos presentados por la delegación española, que solicitaba que sólo tuvieran que devolverse las ayudas posteriores a 2011. El ministro Soria ha alegado la “total inacción” de la Comisión desde 2002 cuando se puso en marcha el ‘tax-lease’ español hasta 2011.