El ‘agujero patrimonial’ de Pescanova es casi el doble – exactamente un 73% más – de lo que había señalado la auditoría de KPM, entregada a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), que estableció el mismo en 927 millones de euros. En las últimas horas se ha sabido que Deloitte, el administrador concursal de la multinacional, ha cifrado la misma, de acuerdo con un informe entregado al juzgado de lo Mercantil de Pontevedra que lleva el caso de la pesquera, en 1.600 millones, una cifra que sitúa a la empresa en quiebra técnica.
Estas cifras absolutamente divergentes, lo son más aún a la vista de los estados financieros de la empresa que su ex presidente, Manuel Fernández de Sousa, remitió a la Comisión y en los que especificaba que el patrimonio neto de la firma era positivo, exactamente en 653 millones de euros.
De acuerdo con el informe de Deloitte, este resultado – que coloca a la multinacional en situación de disolución – se da porque el ebitda – lo que sería el resultado bruto operativo – es menor del anunciado y las pérdidas son mucho más altas. La única manera, en este momento, de evitar la disolución de la empresa es inyectarle capital y porque sus acreedores, alrededor de 500, estén dispuestos a negociar una considerable quita en la deuda que tiene Pescanova con ellos, algo que parece punto menos que imposible.
A estas complicaciones se suma otra: los compromisos financieros del grupo son también mayores de los previstos por KPMG, dicho de otra manera, Pescanova no debe los 3.281 millones que se dijo, sino que son más de 3.800 millones, algo que supera en un 142% lo que aseguró Fernández de Sousa.
En medio de estas diferencias abismales, los análisis de Deloitte y KPMG coinciden en algo: “las prácticas desarrolladas por Pescanova no fueron fortuitas, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente, que se han venido realizando durante varios años por parte de la dirección”. El análisis de KPMG, va aún más allá – y coincide con lo expresado por el juez Ruz, “existen indicios fundados de que miembros de la directiva de Pescanova han instruido y ejecutado, dichas prácticas”.
Por si la multinacional no tuviese que enfrentarse al mayor concurso de acreedores de la historia española, el problema se agrava casi exponencialmente al tener que hacer frente a la fianza que ha impuesto la Audiencia Nacional, casi 55 millones de euros…que la empresa no tiene, ni de lejos, ya en junio tuvo que negociar un crédito de urgencia con varios bancos por un montante de 53 millones para pagar las nóminas y las facturas más urgentes a fin de poder seguir funcionando.
