La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear una cuenta bancaria abierta en Portugal a nombre de una sociedad a nombre de Manuel Fernández de Sousa, desde la que su mujer intentó mover 5,2 millones de dólares – 4 millones de euros – a China, días después de que el juez admitiera las querellas y le impusiera una fianza millonaria por el falseamiento de cuentas de Pescanova.
El juez Eloy Velasco – que suple al juez Ruz, que está de vacaciones – ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades portuguesas para que informen del número de cuenta, la entidad bancaria en la que se abrió, los documentos utilizados, las identidad de las personas autorizadas para operar con el depósito y el extracto de movimientos desde su apertura hasta la actualidad.
En el auto, el magistrado indica que los hechos ahora conocidos podrían dar lugar a la imputación de un nuevo delito de alzamiento de bienes, que se sumaría al falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales, estafa, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor que ya se atribuyen al ex presidente de Pescanova.
Fue la Policía Judicial la que informó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la comunicación efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal informando de que había procedido al bloqueo ‘de facto’ de una transacción por importe de 5,2 millones de dólares ordenada por María Rosario Andrade, cónyuge de Sousa, a otra cuenta de la que era titular en un banco de China.
Andrade abrió el 29 de mayo una cuenta bancaria en Portugal a nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro S.L., de la que es administrador único Sousa, seis días después de la admisión de las querellas. El 26 de agosto el depósito recibió 4 millones transferidos por dicha sociedad y, dos días después, acogió 236.000 euros desde Kiwi España S.L., que también tiene como administrador único a Fernández de Sousa.
Los investigadores detectaron que se ordenó una transferencia por valor de 5,2 millones de dólares con cargo a esta misma cuenta. Unos días antes, la Audiencia había también impuesto un fianza de 178,8 millones a Sousa y de 69,4 millones sobre cada una de sus sociedades, Sociedad Gallega de Importación de Carbones y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control.
A juicio del magistrado, las operaciones efectuadas “justifican la adopción urgente de medidas cautelares que permitan conjurar el riesgo de una eventual ocultación del patrimonio del querellado”.
