La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado este martes cuatro delitos al que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Diz-Lois llegó a la Audiencia de Sevilla poco antes de las 10 y media de la mañana para comparecer ante Mercedes Alaya, que le ha imputado sendos delitos de prevaricación, malversación, no promover la persecución de perseguir delitos y delito societario. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha pedido medida cautelar alguna para el imputado, que ha quedado en libertad con cargos tras su comparecencia ante la juez.
En un auto dictado el 12 de junio de 2012, la jueza Alaya imputó a Diz-Lois al entender que como jefe de servicio de la Dirección de Trabajo, y en la época de Francisco Javier Guerrero, “era el que realizaba el seguimiento de los pagos”, por lo que “indiciariamente debía conocer y participar, dado su cargo, en el sistema de pagos cruzados, o lo que es lo mismo, pagos sin convenio”.
Asimismo, y según la magistrada, el imputado también habría participado “en la concentración de ayudas a las mismas empresas; en el incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones por la ausencia de fiscalización previa y la ausencia de justificación del destino dado a las ayudas, o en el incumplimiento de los filtros establecidos en el reglamento del IFA o estatuto de IDEA en materia de ayudas sociolaborales”.
