Digan lo que digan los agentes sociales, se cumplirán los tres requisitos que se habían planteado a la comisión de expertos: las mismas no tendrán como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC) – el coste de la vida -, se ‘ajustarán’ en función de lo que viva el jubilado, es decir: a más edad, menos pensión y se revisarán en función del dinero del que disponga el Estado.
Eso sí, para evitar cualquier peligro en las urnas, la implantación de este modelo será paulatina y, desde luego, nunca cercana y, mucho menos, en año electoral. Y es que estaría muy mal visto que los jubilados cobrasen un 0,25% más en sus pagas anuales – previsiblemente desde 2015 – mientras, en el mejor de los casos, la vida sube un 1,5%, seis veces más que el poder adquisitivo de los pensionistas.
Además de ello, el Gobierno – que pese a los recortes en Educación, Sanidad, Dependencia, Prestaciones por Desempleo, Servicios Sociales, Empleo Público arrastra la mayor deuda pública de la historia del Estado, una cantidad cercana al billón de euros – logrará otros objetivos: reducir las pagas a los pensionistas – algo a lo que contribuirá el retraso en la edad de jubilación y el incremento de años cotizados para tener derecho a cobrar la totalidad de la pensión – y cumplir exactamente lo que le ha ordenado el Fondo Monetario y la Unión Europea.
¿Qué proponían estos organismos?...bien, en abril de 2012, ‘aconsejaban’ al Gobierno español que recortase las pensiones de los jubilados, fuese el que fuese el tiempo que hubiesen trabajado o la cantidad que hubiesen cotizado en todos esos años. Entonces señalaba cuál era la receta: aumentar la edad de jubilación, reducir las aportaciones sociales de las empresas, recortar las pensiones públicas y contratar planes de pensiones privados – con lo que se beneficiaría el negocio de la banca -.
O, lo que es lo mismo, trabajar más, cobrar menos, aceptar un recorte en todas las prestaciones, desde la sanidad al retiro, ingresar menos a medida que vayamos envejeciendo, mejor que mejor si nos morimos antes – puesto que también se estudia suprimir la pensión de viudedad – y, además, beneficiar a los bancos.
