La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aseguran no tener competencias para poder modificar las condiciones de acceso al arbitraje para los afectados por una mala comercialización de productos híbridos como las participaciones preferentes o la deuda subordinada.
Así lo ponen de manifiesto en sendas cartas enviadas al portavoz económico socialista en el Congreso, en respuesta a la consulta que el diputado les envió a mediados de septiembre, pidiendo a ambas instituciones que ampliara el ámbito de aplicación del arbitraje a todos los afectados mayores de 65 años y a los que tienen un “claro perfil de ahorrador“ en virtud de su historial de contratación de productos financieros de bajo riesgo.
“Tras los insuficientes resultados del sistema arbitral, pedimos que se amplíe su aplicación a la totalidad de los minoristas”, reclamaba el diputado, criticando que según el propio presidente del FROB, Fernando Restoy, tan solo la mitad de los afectados por preferentes de entidades nacionalizadas recuperarán sus ahorros.