Los responsables de la marea negra del ‘Prestige’ – que supuso la llegada a las playas de más de 67.000 toneladas de chapapote- no han sido condenados a un solo día de cárcel; tampoco han pasado por ella el ex presidente balear, Jaume Matas, el yerno del Rey, el ex presidente de Pescanova, Rodrigo Rato, o cualquiera de los ex directivos de los bancos que tuvieron que ser nacionalizados y que cobraron decenas de millones de euros…sin embargo, la Fiscalía- la misma que solicita que no se impute a la infanta o que no se investigue la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, pide 5 años de prisión, por “atentado a la autoridad” a las personas que estamparon sendas tartas en la cara de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina.
Los hechos, que empiezan a juzgarse este lunes, se remontan al 27 de octubre de 2011; en aquella fecha, Barcina participaba en una reunión de trabajo en la localidad francesa de Toulouse cuando el teniente de alcalde de Arruazu, Gorka Ovejero Gamboa, y tres miembros del colectivo contra el tren de alta velocidad Mugitu! le estamparon varias tartas en la cara a la presidenta.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita todos esos años en la cárcel para Ovejero, para Mikel Álvarez Forcada, para Julio Martín Villanueva e Ibon García Garrido, a los que se pudo identificar como autores de la agresión.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por la presidenta del Gobierno navarro, solicita 9 años de cárcel y 5.400 € de multa para Ovejero por el agravante de prevalerse de su condición de autoridad, al ser concejal de la localidad de Arruazu, y 6 años de cárcel y 3.600 € de multa para los otros tres de los procesados.
Barcina declaró en su momento que las tartas que le arrojaron le hicieron “daño” ,debido a “la dureza del merengue francés”, y también que tras recibir el impacto de las tartas dejó de ver y tuvo que ser evacuada del salón de plenos en el que se celebraba la reunión.
Hay que recordar que Yolanda Barcina estuvo imputada por un juzgado de Pamplona como antigua integrante de la Comisión Permanente de Caja Navarra y por ser uno de los miembros de la misma que, según la juez, cobraron dietas “carentes de justificación en un órgano que no tenía soporte estatuario”.
Barcina formó parte de la Comisión Permanente junto con otros tres cargos políticos: el ex presidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el ex consejero de Economía Álvaro Miranda y que, siempre según la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, recibían entre 1.717 y 2.680 € por reuniones en las que no había actividad.
