Ya nadie se lo cree. Los ejemplos son tan abundantes que ruborizan. 35 años después de la aprobación de la Constitución, estamos más lejos que nunca de cumplir la mayoría de sus preceptos.
Nadie es igual ante la ley –hay discriminaciones, todas, dependiendo de dónde hayas nacido, de tu sexo, tu opinión o, más que nunca, tu opción religiosa-; también estamos a punto de quedarnos sin el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones; hemos dejado de estar amparados ya por el derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales –esto depende de nuestra capacidad económica para contratar los servicios de un buen abogado y no de la razón de la reclamación y, menos aún, de la justicia de la misma-.
La educación, que debería de tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, ni es igual para todos, ni respeta los principios democráticos, como pone de manifiesto la circunstancia de que tampoco los poderes públicos garantizan la programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados.
Ni mucho menos, todos contribuimos de la misma manera al sostenimiento de los gastos públicos, ni lo hacemos de acuerdo con nuestra capacidad económica, porque no existe un sistema tributario justo que respete los principios de igualdad y progresividad.
Parece una burla reunirnos para celebrar que tengamos derecho al trabajo, menos aún a la libre elección de profesión u oficio, o a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia. Además de ello, los poderes públicos tampoco mantienen un régimen público de Seguridad Social para todos, menos aún, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
Aunque si hay algo que jamás se ha cumplido de esta constitución es su artículo 47 “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
No parece que haya gran cosa que celebrar.
