Este mes de enero, Galicia, como el resto de las comunidades autónomas, debe empezar a aplicar el copago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que cada administración pudiese adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero “con su propio criterio”, según Sanidad.
Eso sí, no todas estuvieron de acuerdo, Canarias, Andalucía, Aragón, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares adelantaron que no la aplicarían, por rechazo o por problemas para su implantación. Por el momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras Euskadi ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.
La Xunta fue de las primeras en sumarse a la decisión del Ministerio de Sanidad- al que no han querido adherirse otras comunidades, algunas gobernadas por el PP – que modificaba la aportación de los pacientes a un total de 42 medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales. Y ello pese a que el propio ministerio no sabe cómo implementar esta decisión y al hecho de que ha anunciado que no se tomará medida alguna contra las comunidades que no lo apliquen.
Tomada esta decisión – que supone que los enfermos paguen un 10% de las mencionadas medicinas hasta un tope de 4,2 € por envase- la Xunta no sabe para qué sirve – dado que el propio presidente Feijóo declaró que el ahorro para las arcas públicas será “escasísimo”– y se ha limitado a asegurar que busca “homogeneizar la política farmacéutica”, que debe de ser un problema que preocupa muchísimo a quien padece un cáncer, por ejemplo.
