Los familiares afectados en procesos de Justicia Universal rechazan abiertamente su reforma, sin embargo el Congreso aprueba el cambio propuesto por el PP con el rechazo en bloque de la oposición. La medida actual limita las actuaciones de la justicia a los casos en los que sean criminalmente responsables los españoles de nacimiento o nacionalizados.
Los representantes del Ministerio Público trasladaron su “preocupación” por la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dadas “las negativas consecuencias que puede tener para la investigación y enjuiciamiento de graves delitos cometidos fuera del territorio nacional”.
El PP sugiere reforzar la lucha contra la delincuencia sexual infantil, la piratería en alta mar o la criminalidad organizada, mientras que la oposición han presentado numerosas enmiendas al entender que “ampara a los tiranos” y desprotege a los españoles.
El proyecto impulsado por vía rápida por el grupo parlamentario del Partido Popular es clasificada como “un paso atrás” por los familiares del fallecido cámara en Iraq, José Couso. Para su hermano Javier se trata de “un retroceso absoluto, una chapuza jurídica que va a traer problemas en el futuro”. El cierre de la investigación podría quedar clausuradas en cuestión de meses y por ello acudirá Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sus luchas judiciales no quedarán estancadas, Javier defiende que “seguiremos luchando, y esperamos que el juez eleve una cuestión de inconstitucionalidad”. Una extensa lista de trágicos sucesos no quedarán en el olvido como reclaman los afectados en los crímenes de Marruecos en el Sahara Occidental o la Flotilla de la Libertad atacada por Israel cuando trasladaban ayuda humanitaria a Gaza.
La Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional acusó al PP de “generar espacios de impunidad”. Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, explicaba que la reforma ha sufrido cambios en su tramitación en el Congreso.
