Los nuevos límites de la justicia Universal han entrado en actividad este sábado tras ser publicados ayer en el Boletin Oficial del Estado (BOE). La medida, que introduce cambios en los dictámenes judiciales españoles en los crímenes de especial gravedad cometidos fuera de España, provoca que se archiven a partir de este lunes una docena de expedientes abiertos.
El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue reformado en 2009 con el PSOE con la finalidad que los delitos tuvieran conexidad con España. Apenas han pasado dos semanas desde que el Partido Popular dio a conocer la reforma en el Congreso de los Diputados. Su publicación en el BOE en el día de ayer se recoge dos días después de que el Senado la aprobara por la vía de urgencia.
Los familiares de las víctimas de estos crímenes se presentaron en la Audiencia Nacional con el propósito de lograr cooperación de los organismos internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El asesinato del cámara José Couso asesinado en Irak en 2003 o las fosas con víctimas españolas localizadas en el Sáhara, pertenecen a las causas abiertas que en breves serán archivadas al no reunir los actuales requisitos.
El nuevo artículo 23.4 se condiciona con un tratado internacional que ha sido criticado por la oposición, al señalar que potencias como China o Estados Unidos no han ratificado esos convenios, siendo imposible perseguir sus crímenes en la actualidad.
En cuanto a otro proyectos judiciales, el Gobierno excluye a las organizaciones medioambientales de la Ley de Asistencia Jurídica y Gratuita. Solamente podrán acceder a esta normativa, las entidades que sean de utilidad pública y demuestren sus escasos recursos para litigar. Colectivos como las víctimas del terrorismo han sido incluidas en el listado, independientemente de sus ingresos. Los ecologistas amenazan con trasladar sus reivindicaciones a la UE por el incumplimiento de los acuerdos internacionales.
