La Diputación de Lugo es, desde este miércoles, la primera administración en España en imponer ‘cláusulas sociales’ en los contratos que firme con empresas con las que trabaje para garantizar “los derechos laborales de sus empleados” durante el tiempo que estén vinculadas a la Diputación.
El presidente de la misma indicó en rueda de prensa que, en todos los contratos de servicios, como ya hace con los de vigilancia, limpieza, el Centro de Atención al Usuario, el proyecto europeo de Gobierno Inteligente y para el aula itinerante de formación, se impondrán esas ‘cláusulas sociales’.
José Ramón Gómez Besteiro reiteró que las mismas “defienden los derechos de los trabajadores“, y es que, recalcó, “en la Diputación, creemos en un empleo de calidad y apoyamos a las empresas que crean ese empleo de calidad y así blindamos a los trabajadores de las empresas que prestan un servicio en esta institución y vamos a exigir por escrito que se garantice el número de empleados, así como sus derechos durante toda la relación contractual que esas empresas tengan con la diputación. Impedimos de esta forma que alguna empresa aproveche o se excuse de leyes tan nefastas como la reforma laboral del gobierno para vulnerar los derechos de los trabajadores a favor de la bajada de sueldos y despidos en precario”, ha sostenido.
Besteiro ha señalado que la cláusula “social” incluye como requisitos que “se incorpore como criterio de valoración el número de trabajadores con contrato indefinido de las empresas que presenten oferta, se tendrán en cuenta las propuestas que impliquen una mejora en las condiciones laborales y salariales, también se tendrá en cuenta la inserción de trabajadores con discapacidad y no se permitirá bajadas desproporcionadas o anormales a costa de reducir en gastos laborales”.
El presidente fue terminante cuando se le ha preguntado qué consecuencias tendrá el incumplimiento de estos requisitos, “serán penalizaciones que pueden variar entre un 3 y un 10% del presupuesto de contrato, o incluso, podría ser causa de prohibición para contratar con la administración, cuando se trate del incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de contrato”, ha concluido.
