La Delegación del Gobierno en Madrid – que ya ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a la ‘columna centro’ de las ‘Marchas por la Dignidad’ por incumplimiento de las leyes que regulan el derecho de reunión y la seguridad ciudadana- también abrirá expediente a los organizadores de las columnas este, sur y oeste de las ‘Marchas de la Dignidad’ por incidentes, desobediencia a la autoridad y cambio de itinerario.
La Delegación considera que se ha producido incumplimiento de la resolución de la misma respecto al itinerario previsto, así como vulneración de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de la normativa de seguridad vial y de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, al no haberse adoptado las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las marchas.
Entre los incidentes que reflejan los respectos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la columna este que llegó a la capital por la A-3, los manifestantes, a su paso por la localidad de Perales de Tajuña intentaron entrar en un banco y “asaltaron la sede del Partido Popular, apropiándose de una bandera del PP, que quemaron en la plaza”. También han reflejado un intento de asalto al Ayuntamiento e insultos y zarandeos a agentes de la Guardia Civil.
Por su parte, en la columna sur procedente de la A-4, la Delegación ha anotado situaciones de desobediencia a las indicaciones de la Guardia Civil, el incumplimiento del itinerario previsto en la resolución de la Delegación del Gobierno, “ocupando la A-4 a lo largo de los términos municipales de Ciempozuelos, Valdemoro y Pinto” e infracción de la normativa de seguridad vial por los vehículos participantes.
En la columna oeste, procedente de la A-6, el departamento que dirige Cristina Cifuentes expedienta a los organizadores por supuesto incumplimiento del itinerario previsto en la resolución de la Delegación y vulneración de la normativa de seguridad vial.
Respecto a la manifestación del 22M a la que se abrirá expediente sancionador teniendo en cuenta el informe emitido por el Abogado del Estado, indicando que, de acuerdo con la ley, “del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas”.
