El número de ejecuciones aumentó un 15 % impulsado por el creciente número de penas de muerte en Irak e Irán durante 2013, en contraposición de la mayoría de los países que prohíben la pena capital.
El informe de Amnistía Internacional recoge un aumento próximo de 100 personas más que el año anterior, posicionando a China a la cabeza que mantiene la cifra en secreto, aunque existe constancia de al menos 778 ejecuciones. Le prosigue Irán con 369 muertes, Irak con 169 y por detrás se sitúa Arabia Saudí, Estados Unidos y Somalia. Entre los nuevos países que reanudaron el uso de la pena de muerte, se encuentran Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam.
Amnistía ha resaltado que en 20 años se registró una reducción en el número de estados que no aplicaron ninguna condena de ejecución, como Gambia, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. De los 37 países, la cifra se redujo a 22 en 2013. Entre los métodos de condena más frecuentes figura la decapitación, la electrocución, el fusilamiento, la horca y la inyección letal, así como las ejecuciones públicas.
Su aplicación se ha debido a delitos económicos, drogas, robos, adulterio y blasfemia. La ONG incide que algunos países emplean la denominación de “delitos políticos” para condenar a muerte a presuntos opositores.
