Entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de 341.350 procesos de bajas temporales fueron financiadas indebidamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al no acreditarse correctamente con los partes médicos necesarios, suponiendo la existencia de las posibles inhabilitaciones.
Los datos aparecen registrados en el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social del Tribunal de Cuentas. Los organismos que incumplieron con su obligación se vinculan con los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra, País Vasco, Valencia y Galicia, comunidad en la que pagaron 267.636 euros por incumplimientos.
El Tribunal ha constatado que al menos en 254 casos, las empresas se dedujeron 627.141 euros cuando los trabajadores ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de 226.750 euros, no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación por incapacidad.
De la cifra registrada, se añaden las recaídas de bajas anteriores no contrastadas, ni validadas. Asimismo, más de 2,9 millones de procesos de incapacidad prosiguen abiertos, sin la entrega del parte de la empresa correspondiente. El pago de las incapacidades fueron ejecutadas por el INSS, el Instituto Social de la Marina, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
