La vocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda, una de las dos ponentes designadas para informar sobre el anteproyecto de Ley del Aborto, recomienda en su informe definitivo retirar la iniciativa “en pura oportunidad y prudencia jurídica y política” en espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso aún pendiente contra la legislación en vigor.
Dicho informa subraya que el anteproyecto “desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, y se encuentra anclado en una interpretación estática” de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido por el tribunal de garantías en la sentencia de 1985.
Esta interpretación es, incluso “involucionada” respecto a dicha jurisprudencia, al no contemplar el supuesto de la indicación eugenésica. En este sentido, considera que contempla “un régimen aún más restrictivo” que el anterior a la ley actual al prohibir el aborto en caso de graves anomalías, “cuya constitucionalidad fue expresamente avalada” por el Constitucional.
“La única respuesta que ofrece al anteproyecto es la criminalización de conductas que faciliten la voluntad de la mujer de interrumpir su embarazo, la eliminación del ámbito de decisión de la mujer para determinar su propia vida, su intimidad y su ejercicio de la maternidad, sin abordar el problema del número de abortos de una manera completa y entendiendo la cuestión desde una perspectiva más amplia”, concluye.
