Debido a que el vientre de alquiler está prohibido en el ámbito estatal, 800 familias españolas han decidido buscar solución en el extranjero. Con un coste de 50.000 a 200.000 euros se desplazan para efectuar el procedimiento a países americanos, rusos, ucranianos, así como Georgia, Kazajistán o México, que permite el proceso a solteros y homosexuales.
El Estado con mayor demanda es Ucrania, por las menores dificultades burocráticas en las fases de la adopción. En Grecia y Chipre solamente está permitido para residentes, y sin remuneración para la madre de alquiler. Estados Unidos desciende como opción de las parejas españolas, pasando de un 80% al 15%.
El presidente de Subrogalia del bufete de abogados sobre vientres de alquiler, Diego Sánchez, ha declarado que “en España tenemos un sistema de adopción muy garantista” con “más de 15.000 parejas en espera oficialmente inscritas en el registro para adoptar de 80 a 100 hijos al año”. La madre de alquiler no dona los óvulos, permitiendo que no exista la vinculación legal.
