Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que gobiernos de todo el mundo incumplieron sus promesas de evitar y castigar la tortura, tras detectar que esas prácticas siguieron vigentes en al menos 141 países en los últimos cinco años.
AI ha lanzado una nueva campaña mundial Stop Torture -“Frenad la tortura”– coincidiendo con el 30º aniversario de la firma de la Convención Contra la Tortura de la ONU.
De los 155 países que ratificaron ese documento, la organización no gubernamental ha investigado a 142. Al menos 79 continúan torturando en 2014 y otros 32 estados de la ONU no han adoptado ese acuerdo.
El secretario general de AI, Salil Shetty, lamentó, durante la presentación internacional de la campaña, que las autoridades no hayan adoptado “mecanismos dinámicos” contra ese problema. Según Shetty, se trata de una “crisis que no solo afecta a países dominados por dictaduras, sino que también se extiende a las democracias, a todo tipo de espectros políticos y que se está produciendo en cada esquina del mundo”.
El secretario de Amnistía Internacional denunció que esa práctica “no solo está viva, sino que incluso está floreciendo en muchas partes del mundo”, y consideró que, “puesto que más gobiernos buscan justificar la tortura en el nombre de la seguridad nacional, el sólido progreso realizado en este campo en los últimos treinta años está siendo minado”.
En algunas naciones se recurre a esas formas de castigo de forma rutinaria y sistemática, al tiempo que en otras se habla de hechos aislados y excepcionales. Entre algunas de las técnicas de tortura denunciadas se incluyen las llamadas “posiciones de estrés”, técnicas de privación del sueño o la electrocución de genitales, empleadas contra sospechosos de crímenes, voces disidentes o rivales políticos.
La organización urge a los gobiernos a tomar medidas inmediatas, como la realización de exámenes médicos adecuados, acceso rápido a abogados, revisiones independientes de centros de detención, investigaciones independientes y efectivas sobre acusaciones de tortura, procesamiento de sospechosos y adopción de enmiendas a las víctimas.
