Debe de ser que mientras esté garantizado que enseñan Religión en los colegios lo demás no importa gran cosa. Eso parece a la vista del aviso del ‘Asamblea General de Ciencia’, una agrupación formada por científicos y trabajadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), universidades y otros organismos de investigación, que ha denunciado este jueves que la investigación pública española está en “serio peligro”, con unos presupuestos “del siglo pasado para 2014” –puesto que la cantidad destinada a los científicos es similar a la de 1998, hace 16 años, período en el que esos países de Europa con los que nos comparamos solo para pagar impuestos o recortar derechos sociales, han casi triplicado la inversión en el mismo ámbito-.
Aquí se destina el 0,52 % del PIB- unas 6 veces menos que Alemania, Austria o Finlandia, la cuarta parte que Francia, Irlanda o Italia y por debajo de Bulgaria, Uganda, Mozambique o Chipre– este colectivo estas cifras suponen “una pérdida de capital y, desgraciadamente, humano muy importante”.
Esta plataforma ha presentado el documento ‘Descapitalizando la ciencia’ con el que alerta de que la ciencia española “está en una situación de emergencia que en pocos años puede colapsar el sistema científico español”.
Científicos e investigadores, que quieren llevar su mensaje a la sociedad porque “sin ciencia, no hay cultura”, han reclamado al Gobierno “dignidad laboral”, que no solo es contar con un salario adecuado y una estabilidad laboral, sino disponer de los medios mínimos necesarios para investigar.
Desde 2009, año en el que la ciencia alcanzó su máximo de financiación al llegar al 1% del PIB -la media comunitaria es del 2%-, los recursos destinados a la ciencia han sufrido un recorte acumulado del 36,5%, que a su vez se han traducido en una caída del 24,4% en gastos de personal y en un 40,5 % en gastos corrientes de bienes y servicios.
“Cada vez hay menos recursos para poder mantener al personal investigador, que termina emigrando o trabajando en otros ámbitos, y muchos programas y grupos de investigación han desaparecido”. Del presupuesto total destinado a investigación un 60% se corresponde a créditos reembolsables para empresas privadas, con la paradoja de que los centros de investigación públicos no tienen acceso a estos fondos.
