La tragedia ferroviaria en Angrois se aproxima a cumplir un año de la catástrofe. Once meses de lucha por parte de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que se encuentra en desacuerdo con la política nacional ante el incumplimiento de la normativa europea en seguridad ferroviaria. Su próximo movimiento, el Tribunal de Estrasburgo si fuera necesario.
Entre sus críticas, exponen que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no es de carácter independiente, además de haberse incumplido las obligaciones de seguridad por líneas de alta velocidad, así como en la verificación del material rodante. Además, recuerdan la apertura de un procedimiento de infracción a España, que el Gobierno trató de anular con el decreto ley del 24 de enero, creando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
La denuncia a nivel europeo cuenta con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Plural y UPyD, fuerzas políticas que reclamaron una comisión de investigación en el Congreso. Los afectados recurrirán a organismos comunitarios, como la Agencia Ferroviaria Europea, aunque no desechan ir a Estrasburgo, tras destacar que ningún cargo implicado en el accidente ha presentado su dimisión, ni se han modificado técnicamente aspectos en la seguridad de cirulación ferroviaria.
