Algo huele a descompuesto en la familia Pujol, a la imputación de dos de los hijos del ex president de la Generalitat, Jordi y Oriol Pujol Ferrusola– además de a la excusa barata dada por el propio patriarca de que su fortuna procedería de una herencia que le dejó su padre y que está en el extranjero en cuentas que Pujol no tuvo tiempo de ‘regularizar en casi 40 años– se suma la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre otro Pujol más, Oleguer.
En este caso, lo que pudieran haber hecho su padre y sus hermanos parece un juego de la Señorita Pepis, puesto que el fiscal está estudiando si Oleguer está detrás del blanqueo de entre 2.000 y 3.000 millones de euros– para los amantes de las desaparecidas pesetas, entre 333.000 millones y medio billón- mediante operaciones inmobiliarias a través de un entramado societario con cuentas en paraísos fiscales.
Anticorrupción abrió el lunes una investigación después de haber recibido un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre diversas operaciones inmobiliarias a través de compañías controladas por Oleguer Pujol, como Samos, Cuius, Longshore, Drago y Trisola, entre muchas otras, la mayoría de ellas con sede en el Paseo de la Castellana 30 de Madrid.
Entre las operaciones analizadas figuraría la compra de 1.152 sucursales bancarias del banco Santander, así como de su ciudad financiera en Boadilla del Monte por 2.012 millones de euros tras recibir un crédito sindicado liderado por el propio Santander en una operación de leasing a 25 años.
Los investigadores sospechan que con estas operaciones inmobiliarias Oleguer Pujol habría blanqueado sumas millonarias de dinero guardadas en diversos paraísos fiscales. La investigación de Anticorrupción al hijo menor de Pujol se suma a la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sigue contra su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y su mujer, Mercè Gironés, también por un presunto delito de blanqueo de capitales.
El pasado 9 de abril, Ruz dio cuenta en un auto de un informe de la Agencia Tributaria que señalaba que Jordi Pujol Ferrusola movió 32,4 millones de euros en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán, Gabón y Liechtenstein, en un total de 118 movimientos desde tres bancos entre 2004 y 2012.
También está siendo investigado por un juez de Barcelona el exdiputado Oriol Pujol Ferrusola por un presunto cohecho y tráfico de influencias por el supuesto cobro de dinero de unos empresarios ligados a las ITV a cambio de favorecer sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial que el Parlament tramitó en el año 2008. Su esposa, Anna Vidal, también es investigada.
