La CIG reclama la intervención de la Fiscalía y de la Inspección de Trabajo, por los supuestos delitos contra la sanidad pública así como la falsificación de documentos públicos por parte de la empresa de Ambulancias BDM, en el municipio pontevedrés de Soutomaior.
El 6 de agosto dos vehículos fueron sancionados al presentar numerosas irregularidades, prestando servicios sanitarios sin autorización, careciendo de la ITV en vigor y disponiendo de material médico caducado, expone el representante del sindicato en Pontevedra, Xabier Aboi. En relación a las jornadas de trabajo, el portavoz clasifica de “esclavismo” los periodos laborales de 12 horas de lunes a viernes y “turnos especiales” de 72 horas cada tres semanas.
El organismo sindical extiende las acusaciones al PP, al indicar que BDM “prestaba servicios gratis” al partido político, añadiendo la vinculación de la empresa con el responsable de Protección Civil de Soutomaior, Álvaro Barreiro, cuya titular de la creación de las Ambulancias BDM se trata de su compañera sentimental, Berta Darriba Martínez, cuyas siglas coinciden con el nombre de la empresa (BDM).
