La jueza de ‘Pokemon’ vincula a la ex portavoz popular, Paula Prado, con supuestos tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho

La jueza de ‘Operación Pokemon’ cree que la ex portavoz del Partido Popular de Galicia y diputada Paula Prado, pudo haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho durante su etapa de en el Concello de Santiago.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la exposición motivada remitida por la jueza  Pilar de Lara al alto tribunal- dada la condición de aforada de Prado- la magistrada pretende aclarar la participación de la Prado cuando era concejala en Santiago en “el pago de una factura inflada” por la representación del espectáculo ‘La Abeja Maya’, para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en “adjudicaciones presuntamente ilícitas” a favor de GRS y Aquagest.

Asimismo, investiga sobre la “influencia” de Paula Prado en la contratación de determinadas personas “afiliadas o próximas ideológicamente” a su partido “en empresas concesionarias de obras y servicios” del Concello, “llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo”.

La instructora de la Pokémon entiende que, “independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría ‘enchufado’, supuestamente, a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños”. La jueza considera, además, que “podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos”.

Otro asunto en el que incide la jueza es en la supuesta petición de Prado, el 2 de junio de 2012, al ex concejal Albino Vázquez, de que “le permita aparcar su coche privado” en la Praza do Obradoiro “para evitar que se le impongan las correspondientes sanciones”.

Asimismo, De Lara solicita que se investiguen “influencias supuestamente ilícitas” en las que Prado habría intervenido junto con otros concejales, así como con Ángel Espadas, ex jefe de gabinete del ex alcalde Gerardo Conde Roa, para “beneficiar económicamente” a su marido, en su actividad de venta de materiales textiles, entre ellos, a los concellos de Santiago y Boqueixón.  Según la exposición motivada, para tal fin podría haber empleado “a terceros intermediarios” a fin de “no involucrar su nombre como proveedor”.

Además de ello, hace constar la jueza, “éste habría utilizado estratagemas como la de facturar por medio de personas interpuestas, así, como persona física, por un lado a Servicios y materiales, del grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales”.