La juez argentina María Servini ha ordenado la detención preventiva de una veintena de acusados por su relación con los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco, entre los que se encuentra el ex ministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa o el ex ministro de Franco, José Utrera Molina, suegro del también ex ministro Ruíz Gallardón.
La magistrada ha dictado una resolución, en la que acuerda esta medida con fines a su extradición para tomar declaración indagatoria a Martín Villa -ministro de Gobernación entre 1976 y 1979-, a Utrera Molina, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces o un antiguo ginecólogo.
Entre los políticos, se encuentran el lucense Antonio Carro Martínez –ministro desde 1974 a 1975-, Licinio de la Fuente -vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975-, José María Sánchez Ventura -ministro en el último gobierno franquista-, Alfonso Osorio García -ministro de Presidencia entre 1975 y 1976- y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.
En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados el vigués José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de “aterrorizar a españoles” por su ideología y de sustracción de menores.
