Anticorrupción investiga al gobierno Zapatero por ‘perdonar’ 3.500 millones a las eléctricas

La Fiscalía Anticorrupción ha citado a un ex director general de Energía y a tres abogados del Estado para determinar si el gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, perdonó hasta 3.500 millones a las eléctricas. La suma corresponde a importes que se habrían cobrado de más entre los años 2007 y 2010. La clave de la investigación es conocer por qué nunca se exigieron las devoluciones, que corresponderían a los costes de transición de competencia (CTC), aunque un informe de la abogacía del Estado lo avaló en 2008, según informa El País.

El diario asegura que hace un mes declararon como testigos los ex abogados del Estado Joaquín de Fuentes, Fernando Calancha, que ahora trabaja en la consultora PwC; el actual abogado del Estado de Energía, José Ramón Mourenza; y el ex director general de política energética, Jorge Sanz. Las preguntas las formuló el mismo fiscal del caso Bankia, Luis Rodríguez Sol. Las pesquisas partieron de una denuncia introducida por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético el 3 de junio de 2013.

El escrito alerta de que los consumidores habrían pagado esos 3.500 millones en tres años por un cálculo favorable a las eléctricas. El origen de estas compensaciones parte del gobierno conservador de José María Aznar. En 1997 estableció el mecanismo conocido como CTC para resarcir a las compañías por diversas inversiones que el Ejecutivo de entonces obligó a hacer. En concreto, se comprometió a abonar 36 euros por cada megavatio-hora producido. Se fijó un máximo de 8.600 millones de euros a detraer del recibo de la luz.

El gobierno socialista canceló los CTC un año más tarde, pero quedó pendiente la puesta al día de las liquidaciones. Fue el entonces secretario general de Energía, Ignasi Nieto, quien encargó el informe a los abogados del Estado.

Nieto explica a El País que las eléctricas “se habían pasado de frenada y habían cobrado de más una cantidad significativa que superó los 3.000 millones”. Por esta razón, asegura que preguntó a los servicios jurídicos “si cabría exigir la devolución de estos excesos”. La respuesta fue afirmativa, aunque llegó en 2008 con la nueva legislatura. El ministro de Industria era ya Miguel Sebastián y el nuevo número dos, Pedro Marín. El segundo Ejecutivo de Zapatero nunca planteó reclamar ese dinero. Ahora la fiscalía quiere saber por qué.

Según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el prorrateo es el siguiente: Endesa, 1.562 millones; Iberdrola, 1.159 millones, Viesgo, 432 millones; Fenosa, 276 millones; y Cantábrico, 155 millones.