Coca-Cola no se saldrá con la suya: la Audiencia Nacional considera irregular la readmisión de los empleados en centros de trabajo que supongan cambio de residencia, tal y como había propuesto la empresa. La Sala de lo Social exime de trabajar quienes estén afectados por estas ‘recolocaciones’ y obliga a la multinacional a pagarles los “salarios de sustentación” hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que la compañía interpuso contra la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) dictada por la Audiencia.
Al verse obligada a ejecutar la sentencia que declaraba nulo su ERE, Coca-Cola optó en diciembre por reincorporar a 271 empleados, la mayoría pertenecientes a la planta de Fuenlabrada, en Madrid. Sin embargo, les ofreció readmisiones en centros que se encontraban a cientos de kilómetros: en Martorelles (Cataluña), Sevilla, A Coruña, Galdakao, Málaga y Quart de Poblet (Valencia). En el caso de un trabajador que pertenecía a la planta de Las Palmas, la empresa le ofreció un puesto en un pueblo de la vecina isla de Tenerife.
La defensa de los trabajadores presentó un escrito en el que solicitaba varias medidas cautelares y en el que reclamaba que se instara a la empresa a reincorporar a los trabajadores en las condiciones existentes antes del despido: en su misma planta.
La decisión no solo afecta a los 278 empleados que no se han incorporado a los puestos de trabajo que les asignó la compañía, también a los 20 que sí comenzaron a trabajar en fábricas diferentes y a otros 10 con contratos fijos discontinuos y están pendientes de la fecha de incorporación en plantas distintas.
