El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, que instruye el caso por el accidente del Alvia en julio de 2013 en Angrois, ha requerido a Renfe documentación que le pidió hace casi 8 meses, y que todavía no fue aportada por el operador ferroviario.
En una providencia con fecha 4 de febrero, el ordena a Renfe que cumpla, en el plazo de 15 días, con lo solicitado en junio del pasado año, en primera instancia, y en octubre, en una segunda ocasión.
La información que le demanda fue reclamada por el abogado que representa a María Teresa Gómez Limón, diputada de la Asamblea de Madrid que dejó el Partido Popular -a raíz de sus divergencias por cómo afronta el partido la investigación del siniestro- e integrante de la Plataforma de Víctimas 04155.
Lo que se le pide a la Dirección General de Ferrocarriles- y que no ha entregado, pese a las declaraciones del presidente del Gobierno y de la ministra de Fomento de que se colaboraría plenamente con la Justicia- es información sobre el cumplimiento de la realización de las pruebas exigidas por una orden para la valoración de la capacidad psicofísica del maquinista que aquel día conducía el tren, Francisco José Garzón Amo que, curiosamente, es el único imputado por el accidente.
Tal y como recuerda en un escrito presentado a finales de enero por el abogado de Gómez Limón, “no consta que se haya cumplimentado el requerimiento”. Y, al haberse realizado la solicitud por el juez hasta en dos veces, el letrado entiende “evidente el ánimo incumplidor y la oposición contumaz y arbitraria al mandato de la autoridad judicial”.
