La Agencia Tributaria (AEAT), que depende del Ministerio de Hacienda-la misma que no vio nada raro en las operaciones de la hermana del Rey, hechas con el DNI 000000014; que no se enteró de que Bárcenas había enviado decenas de millones de euros fuera de España, que no supo que Pujol ocultó la ‘herencia’ de su padre, que no vio nada raro en Gürtel, en los cursos de Andalucía o que no ataja un fraude fiscal de 50.000 millones de euros anuales-, personada como acusación particular en el Caso Nóos, ha acusado al juez José Castro de “quebrar” el principio de igualdad establecido por la Constitución en su artículo 14, al no aplicar la Ley del Impuesto sobre No Residentes en la operación de venta del palacete de Pedralbes -lo que le permitiría a Hacienda obtener un 3 % de la operación-, normativa que en este caso el fisco tilda de “no igual para todos”.
La Agencia Tributaria ha interpuesto un recurso de reforma contra la decisión del magistrado de denegarle el cobro del tributo, la Abogacía del Estado -que representa los intereses de Hacienda- asevera tajante que el juez “nunca puede dejar de aplicar la Ley”, puesto que “conoce el ordenamiento jurídico y debe resolver conforme al mismo”.
La AEAT recuerda cómo la Ley establece que el devengo debe efectuarse cuando el titular de un inmueble a vender es no residente, lo que obliga al comprador a retener el 3 % de la operación inmobiliaria “correspondiente a la cuota de titularidad de los no residentes e ingresarlo en la AEAT a cuenta del importe final del impuesto”.
