Morenés, que mandó callar a una diputada de la oposición, adjudicó 32 contratos, desde Defensa a empresas en las que había trabajado

José Lóbez, el marido de la comandante Zaida Cantera, calificó, este miércoles, de “sinvergüenza” al ministro de Defensa por decir en el Congreso de los Diputados, que en las Fuerzas Armadas se toman medidas para prevenir el acoso sexual, tras lo cual ha asegurado que su mujer está “perseguida y amenazada”.   “El ministro es un sinvergüenza, es increíble que diga que hay unos protocolos que funcionan. ¿Lo dice en serio? ¿Para esto sirve el Congreso? ¿Para cuando ocurren delitos venir aquí y ocultarlo?”, se preguntó Lóbez ante los periodistas al salir de la Cámara Baja tras escuchar desde la tribuna de invitados del Pleno la pregunta que ha dirigido la diputada de UPyD Irene Lozano a Morenés durante la sesión de control al Gobierno.

El ministro Pedro Morenés– que antes de hacerse cargo de la cartera de Defensa fue director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA y consejero de Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo, usadas por sujetos como Gadafi- no solo no contestó a la pregunta que le hizo la diputada Irene Lozano (UPyD) sobre el caso de la comandante Cantera, acosada sexualmente por un teniente coronel, que fue condenado por ello, sino que tras contestarle a la diputada, “le pido que deje de manchar el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas en su búsqueda de autopromoción en la venta de un libro. Su enfermedad es la bajeza moral”, se permitió el gesto de intentar mandarla callar, como si fuese uno de los chusqueros a los que fue a defender al Congreso.

Curiosamente, Morenés, que acusó a la diputada de UPyD de “manchar el buen nombre de las Fuerzas Armadas”, en 2011, después de que España ratificase la Convención de Dublín contra las bombas de racimo, por lo cual fueron declaradas ilegales, era miembro del Consejo de Administración de Instalaza, fabricante española de bombas de racimo que interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, en reclamación de una indemnización de 40 millones de euros por los daños causados por la moratoria unilateral respecto de las municiones de racimo, reclamación que fue desestimada por la Audiencia Nacional.

¿Puede el ministro de Defensa acusar a alguien de “bajeza moral” como hizo este miércoles con la diputada Irene Lozano?…es algo arriesgado, más aún a la vista de un informe facilitado por el propio ministerio, en marzo del año pasado, en el que se exponía información sobre los contratos firmados por el Estado español, unos 140 desde el año 2001, con compañías armamentísticas, informe del que se desprendía que, desde 2011, se habían adjudicado 32 contratos a empresas en las que Morenés había sido consejero o representante.