Cinco años de prisión y seis de inhabilitación. Eso es lo que pide la Fiscalía para una agente de la Policía Local, María Jesús F.P., a la que la Fiscalía acusa de incurrir en un delito de falsedad documental cometido por un funcionario público. La acusación afirma que aprovechó su condición de policía para falsificar un documento y evitar pagar las tasas del depósito de vehículos para sacar una moto.
Según la Fiscalía, en agosto de 2013, cuando la estaba destinada en el depósito municipal de la Avenida de Madrid, tuvo conocimiento de que había en el lugar depositada una moto desde noviembre de 2012, por carecer del seguro obligatorio.
La acusación afirma que la agente contactó, por un intermediario, con el propietario de la moto y le ofreció 1.000 € por la misma. Ambos se citaron el 12 de agosto en la oficina de Tráfico de Regueiro y firmaron un contrato privado de compraventa, así como la transferencia de la titularidad.
Al día siguiente, la nueva propietaria, acompañada por otra persona, se presentó por la mañana en el depósito para llevarse la moto y el policía que estaba de servicio allí redactó el parte de entrega del vehículo, en el que escribió “con cargo”, lo que suponía que la nueva propietaria asumía la obligación de abonar las tasas pendientes en concepto de grúa, traslado y custodia, que ascendían a algo menos de 1.500 €.
La acusada, que ese día trabajaba de tarde en el depósito, buscó el documento y alteró su contenido, cambiando el concepto “con cargo” por “sin cargo”, sobreescribiendo, a mano, “sin cargo accidente, Agente 19, por Oficina Policía Local”.
La acusación pública considera que María Jesús F.P. actuó con el fin de obtener un beneficio económico aprovechándose de su condición de agente de la Policía Local, por ello cree que es autora de un delito de falsedad documental cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, en concurso con un delito de estafa.
Por ambos delitos, en el juicio que debe celebrarse el próximo miércoles, día 22, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, pedirá para ella 5 años de prisión y 6 años de inhabilitación. A ello añade que le sea impuesta una multa de 6.600 €, además del pago del depósito de la moto-los casi 1.500 €– a Setex Aparki, la empresa que gestiona el depósito.
