Las multas impuestas a los Afectados por las Preferentes de O Baixo Miño llevan camino de ser todas ilegales. A las anteriores, anuladas ya por la Justicia–entre ellas las de Domitila Vicente, que necesita un andador para desplazarse y que fue acusada de “conducta violenta” o de saltarse un cordón policial– se suma, según se ha sabido este martes, la de Camilo Sío Castro, que había sido sancionado con 100 € por “originar desórdenes leves al encontrarse el denunciado entre los manifestantes por las preferentes obstaculizando la entrada al ayuntamiento, negando en reiteradas ocasiones a deponer su actitud, obligando a los agentes a utilizar la fuerza necesaria para establecer el libre acceso al ayuntamiento”.
El juez considera que la denuncia no tenía razón de ser y, además, condena a la Administración demandada-la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra- a pagar las costas y a devolverle a Camilo los 100 € de la multa más los intereses legales. Esta sentencia es firme y contra ello no cabe recurso alguno.