Los consejeros madrileños de Presidencia y Educación Salvador Victoria y Lucía Figar han presentado este jueves su dimisión al presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tras su imputación en la ‘Operación Púnica’ que salpica a varios cargos del PP en la Comunidad de Madrid.
Salvador Victoria es el mismo que, a través de Twitter, llegó a comparar las manifestaciones convocadas por las Mareas Ciudadanas, el 23 de febrero de 2013 con el Golpe de Estado de Tejero y sus compinches; por su parte Lucía Fígar-que ha sonado en innumerables ocasiones como ministrable– pese a cobrar de sueldo, en su puesto de consejera de Educación, 5.500 € al mes, a los que hay que sumar los 6.000 de su marido, había obtenido de la Comunidad de Madrid un ‘cheque guardería’ de 100 € para sus hijas,
El paso dado por Victoria y Figar, que declararán el 26 de junio, se produce un día después de que el líder de C’s en Madrid, Ignacio Aguado, se quejara de que el PP no había mostrado ningún gesto una vez conocidas las imputaciones de sus consejeros. Aguado pedía a Cifuentes hechos para que facilitara un posible acercamiento de cara a la investidura.
El próximo lunes, Aguado y Cifuentes se reunirán para cerrar posibles acuerdos. Hoy mismo, el diputado regional electo de Ciudadanos Pedro Núñez-Morgades García de Leaniz, ha dicho que si no hubieran dimitido, no se habrían sentado a hablar.
La investigación dirigida por el juez Eloy Velasco investiga a Salvador Victoria por tres supuestos pagos en negro que desde la Comunidad de Madrid se habrían reclamado a la empresa Indra. La actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria, que declarará como imputado el 26 de junio, está relacionada con la labor del ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario.
Por su parte, en el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 € que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto ‘conseguidor’ de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento ‘on line’, y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada ‘www.studyinmadrid.es’, donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.
