El ex copresidente de Novacaixagalicia (NCG) ha defendido que las prejubilaciones de 18,9 millones de euros concedidas a cuatro altos directivos de la entidad eran legales y se sometieron al examen de los órganos de control y del propio Banco de España. “Es un ejercicio de transparencia clarísimo y eso desmonta la teoría de que se ocultaran”, ha añadido.
Julio Fernández Gayoso se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto a cuatro antiguos miembros de la cúpula de Novacaixagalicia que se adjudicaron indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros, y el abogado Ricardo Pradas que les asesoró en el plan que pergeñaron en plena crisis de las cajas gallegas.
La Fiscalía Anticorrupción y Novacaixagalicia, como acusación particular, piden que sean condenados a 3 años de cárcel por delitos de apropiación indebida y administración desleal y que queden inhabilitados durante tres años para ejercer cualquier actividad profesional relacionada con el sector bancario. La acusación popular, ejercida por Adicae, solicita sendas penas de 4 años de prisión.
Gayoso ha defendido que los contratos se adaptaron al plan de fusión y no conllevaron ninguna mejora para los directivos ni ningún “perjuicio” a la entidad. Él propuso extender sus condiciones al único cargo procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes, como un “acto de absoluta justicia”.
Tras ello, el acusado ha señalado que sometió los contratos de alta dirección a la ratificación de la Comisión de Retribuciones y del Consejo de Administración, aunque no fuera necesario. “Es un ejercicio de transparencia clarísimo y eso desmonta la teoría de que se ocultaran los contratos de alta dirección existentes en las antiguas cajas”, ha remachado.
Según ha testificado, aquel 1 de diciembre de 2010 los 21 consejeros votaron a favor de ratificar esos textos y solo uno se opuso porque “estaba en contra de los contratos de alta dirección”. “Veintiún consejeros parecían que entendían muy bien lo que estaban votando, menos uno que parece que no lo entendió”, ha opinado.
“El consejero que quiso ver los contratos, los vio”, ha indicado Fernández Gayoso, para agregar que el Banco de España estuvo “informado antes, durante y después” y que ninguno de los perceptores “pensaba ni quería irse” de la nueva entidad. Sin embargo, en el verano de 2011 se suscitaron dudas “razonables” de su continuidad y en septiembre abandonaron la caja fusionada. Entre ellos, José Luis Pego aceptó quedarse si se le ofrecía ser consejero delegado, cosa que no ocurrió y el cargo recayó en César González-Bueno.
