El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de la oposición contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio, y ha dado quince días al Congreso, el Senado y el Gobierno, así como al Gobierno y las Cortes valencianos, para presentar alegaciones si lo consideran oportuno, ha informado el alto tribunal.
El PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai, recurrieron a finales de mayo la norma, que califican como ‘ley mordaza’ y que fue aprobada de forma definitiva el día 26 por el Congreso de los Diputados.
La ley incluye las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes, que en el texto se definen como ‘rechazos en frontera’, sanciona a quien cause desórdenes en la calle o la obstaculice con barricadas y para aquellos que se nieguen a identificarse, establece que se multará a aquellos que emitan o publique fotos de los agentes de policía que “pongan en peligro su seguridad personal o familiar”, aunque las mayores multas, de entre 30.000 y 600.000 € son para quienes se manifiesten ante “infraestructuras críticas”.
El recurso presentado considera que la norma vulnera hasta 12 artículos de la Constitución, entre ellos los que regulan la tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión. La ley regula como sanciones administrativas una serie de conductas que, en su mayoría antes eran faltas incluidas en el Código Penal.
