No solo ha incumplido el mandato del pueblo griego, que votó mayoritariamente en contra de más medidas de austeridad, sino que no ha respetado uno solo de los compromisos electorales con los que se presentó al frente de Syriza a las Elecciones hace apenas seis meses.
Alexis Tsipras ha puesto, literalmente, Grecia en venta: en las próximas semanas empezará la privatización, siguiendo un calendario anunciado ayer, que empezará con los dos mayores puertos del país, los del Pireo (Atenas) y Salónica, y la red de ferrocarriles; además de ello, ha abandonado a su suerte a los jubilados, que verán reducidas sus pensiones, ha retirado las ventajas fiscales de los agricultores, ha aceptado cambios en el impuesto sobre bienes inmuebles, y modificará la ley, aprobada por Syriza, que permite el pago de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social en cien plazos.
Para justificarlo, el primer ministro ha repetido que esta era la única opción para evitar “una salida desordenada del euro”, algo que no se han creído ni en su propio partido: 43 de los 149 diputados de Syriza no han apoyado a Tsipras: 32 votaron en contra del acuerdo para optar al tercer rescate -entre ellos el ex ministro de Finanzas Yanis Varufakis, la presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstantopoulou y el también ex ministro Panagiotis Lfazanis– y 11 se han abstenido.
Ello significa que la convocatoria de nuevas elecciones es más que una posibilidad: en las dos votaciones anteriores, en julio, Syriza perdió una quinta parte de sus apoyos, quedándose en 123, tres por encima del límite de 120 que acabaría con su mayoría en la Cámara y abocaría a nuevos comicios, algo que podría ser inminente puesto que Tsipras, cuya gestión ha empezado a ser criticada con manifestaciones en la calle, ha anunciado se someterá a una moción de confianza, antes del día 20, cuando Grecia tiene que devolver 3.400 millones de euros al Banco Central Europeo.
