La empresa encargada del seguimiento y control de calidad del nuevo hospital es de una ex viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Plataforma para la Defensa da Sanidade Pública vincula los recortes y deficiencias en el nuevo hospital de Vigo a la falta de control en la ejecución de las obras y especificaciones técnicas del centro sanitario.

A su juicio, la explicación de ello estaría en el hecho de que la Oficina Técnica de Seguimiento del hospital haya sido dirigida por la empresa Efficientia Clinical Management, firma dirigida por Ana Sánchez, quien fue viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid– “nombrada por Juan José Güemes, yerno del ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra”-.

El 13 de mayo de 2011, la entonces conselleira de Sanidade, Pilar Farjas- que posteriormente sería secretaria de Estado de Sanidad con Ana Mato– firma una resolución en la que se encarga a la empresa pública de servicios sanitarios, Galaria, que se haga cargo de la Oficina Técnica de Seguimiento (OTS) del nuevo hospital de Vigo para “controlar y supervisar el cumplimiento de la ejecución del contrato entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la Sociedad Concesionaria del Nuevo Hospital de Vigo S.A.”.

Según dicha orden, su función es asumir, también la Oficina de Control de Calidad, que “engloba tres grandes ámbitos: redacción de los proyectos, seguimiento de las obras y seguimiento del plan de equipamiento, además de realizar el seguimiento, control y coordinación del conjunto de acciones necesarias para la puesta en marcha del hospital y coordinar la planificación del traslado”.

Galaria decide ceder todas estas gestiones a Efficientia Clinical Management, la compañía de Ana Sánchez- constituida el 27 de enero de 2011 (apenas 4 meses antes)– que, de acuerdo con la orden citada, publicada en el Diario Oficial de Galicia, debe hacerse cargo de las mismas hasta dos años después de la puesta en marcha del nuevo hospital- es decir, hasta 2017- y, además, también se subroga en lo que se refiere al cobro de la cantidad que debía de haber sido satisfecha a Galaria para la realización de las labores de control, exactamente 3.957.357 €, más IVA, cantidad que debe ser pagada por Sociedad Concesionaria del Nuevo Hospital de Vigo S.A., la empresa que ha construido el hospital y concesionaria de la mayoría de sus servicios no sanitarios.

De acuerdo con la denuncia de la Plataforma, esta empresa, que debe de hacerse cargo del control y la supervisión del nuevo hospital, aprueba el recorte del número de camas, que pasan de 1.465 del proyecto inicial a 845; también se suprimen, íntegramente, las unidades de Quemados y de Cirugía Maxilofacial; se reduce el número de quirófanos previstos pasa de 35 a 24, la superficie de Urgencias-pese a que el Álvaro Cunqueiro asume las del Xeral y Meixoeiro, que se han colapsado durante años- se queda en 4.300 metros cuadrados, frente a los casi 6.000 diseñados y, por tanto, habrá menos camas, exactamente 40 menos: de las 72 anunciadas a las 32 reales; el hospital pierde el laboratorio central, que se ubicará en el Meixoeiro; se reduce el ámbito destinado a investigación; el parking, que se especificaba que sería público y gratuito, pasa a ser de pago; el inmueble se queda sin el certificado de eficiencia energética; no se termina la ubicación de la sala de resonancias- que se está realizando en un camión en el exterior del hospital, y se abarata al máximo la calidad de los materiales de construcción, causando problemas en los primeros días de funcionamiento (inundaciones, caída de rejas, imposibilidad de clavar nada a las paredes, baños con aplicaciones de plástico, falta de tomas de agua para beber al margen de los grifos de los baños, almacenamiento de productos en estanterías improvisadas y, finalmente la paralización del traslado a causa de la mala calidad del aire en varias zonas y la muerte de una paciente en la UCI a la que se le detectaron rastros de Asperfillus).

Pese a todos estos recortes y deficiencias la empresa encargada del control de calidad no hace informe contrario alguno y, además, el presupuesto final del hospital se dispara: de los 450 millones estimados en el primer proyecto llega a 1.360 millones, considerando el canon de 68 millones que el Servizo Galego de Saúde deberá pagar a la empresa concesionaria durante 20 años, a los que hay que sumar los costes de los servicios que presta– como limpieza, lavandería, cocina, seguridad, transporte de ropa, mantenimiento, esterilización, cafetería, máquinas de vending, servicios de conexión a Televisión, Radio e Internet, gestión energética, jardinería, informática, gestión de residuos o la recogida y entrega de: muestras biológicas, petición de pruebas, correo interno, envases hemodinámicos, medicación de farmacia, carros de medicación, material procedente o con destino a esterilización o documentos para su destrucción- que elevaría su coste final, de acuerdo con las estimaciones de la Plataforma en Defensa de la Sanidade Pública, hasta 1.795, cantidad que deberá cobrar la concesionaria.

En base a todo ello, se ha solicitado la constitución de una Comisión de Investigación en el Parlamento de Galicia y el Comité de Personal del Área Sanitaria de Vigo se plantea la presentación de una demanda ante la Fiscalía a fin de que investigue todo el proceso de proyección, construcción, control y puesta en marcha del nuevo hospital de Vigo.