La Junta de Personal del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) sigue adelante con sus movilizaciones y, como anunciaron sus integrantes el pasado 29 de octubre, han retomado las “protestas graduales”, coincidiendo con las conversaciones que mantienen con el nuevo conselleiro de Sanidade.
Jesús Vázquez Almuiña pidió a los trabajadores un plazo de dos semanas para acometer las gravísimas deficiencias del Hospital Álvaro Cunqueiro, sin embargo, aunque el personal admite que ha habido un “avance” con la atención de las demandas de los celadores-que recuperaron las funciones que estaba desarrollando personal de una empresa privada-consideran que las medidas aprobadas por Almuiña no son suficientes.
Por ello siguieron con las concentraciones- los días 10 y 11 de este mes, en el Álvaro Cunqueiro y el Meixoeiro, respectivamente- y mantienen para este domingo, día 15, la ‘Marcha’ sobre el nuevo hospital.
La misma saldrá de As Travesas a las 11 de la mañana y acabará en el Hospital Álvaro Cunqueiro donde la Junta de Personal volverá a exoner sus reivindicaciones y las acciones que está impulsando. Según han destacado miembros de la misma, las movilizaciones han conseguido, hasta ahora, no solo la vuelta de los celadores a sus fucniones, sino el cese de la anterior conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, y la de la responsable del control de calidad del Cunqueiro-y ex viceconsejera de Sanidad, con el PP, en la Comunidad de Madrid- Ana Sánchez.
Además de ello, las acciones judiciales iniciadas por el personal han logrado que el Juzgado de lo Contenxioso-Administrativo número 1 de Vigo haya anulado la resolución que permitió privatizar a personal que trabajaba para el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para que se pasase a la empresa concesionaria del hospital.
Este era el caso de personal de mantenimiento y cocina del Hospital Xeral, además del de lavandería del Meixoeiro-unas 300 personas en conjunto– que, o bien tuvieron que pasar a desempeñar labores de celadores, en los casos en los que tenían la plaza en propiedad o, para aquellos con contratos laborales, se les conminó a que pasasen a ser personal de la concesionaria, una decisión que el juez ha considerado ilegal.
