El portavoz municipal de A Marea recalcó este martes la gravedad de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan de Ordenación Municipal de Vigo (PXOM), por la inseguridad jurídica que genera, “que incluso puede dar lugar a responsabilidades económicas por parte del Concello” que podría tener que afrontar posibles reclamaciones de promotores y particulares que, en base al mismo, han edificado los últimos 6 años.
Rubén Pérez recordó que ya en 2006, 2007, 2008 y 2009 advirtió de la ilegalidad de este plan y de la imposibilidad de que el mismo pudiese desarrollarse sin cumplir los requisitos medioambientales.
“Esto es exactamente lo que dice la Comisión Europea, que pone como ejemplo de ese incumplimiento el caso del Urbanismo de Vigo”, indicó Pérez, quien recordó que el Plan se aprobó por un “deseo cesarista” de Abel Caballero de poder decir que él había sido el alcalde que lo había sacado adelante después de 10 años de trámites.
“Fue él, después de que lo hiciese el gobierno de Corina Porro quien presionó al Gobierno de Galicia para que diese su visto bueno al PXOM sin que se cumpliesen las normas medioambientales”, recalcó y añadió que “lo consiguió cuando se dio la conjugación cósmica de que el PSOE gobernase en Vigo con el BNG, y también hubiese la misma coalición en la Xunta”.
Rubén Pérez señaló que la responsable de ello, además de Caballero, es su actual concelleira de Urbanismo, María José Caride, que en aquella época era Conselleira de Ordenación del Territorio. “Debe ser ella la primera en dar explicaciones y en asumir responsabilidades políticas por este desastre”.
A juicio de A Marea será necesaria la redacción de un nuevo Plan Xeral que respete la normativa y que cuente con el consenso de un buen número de personas de esta ciudad, “porque ya no va a colar el decir que se trata de una reforma puntual del mismo”.
