Cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente del Gobierno había, según datos oficiales, en el conocido como Fondo de Reserva de la Seguridad Social más de 77.000 millones de euros, hoy quedan menos de 32.000, a los que hay que restar los casi 7.800 millones que tendrá que sacar para pagar la ‘extra’ de Navidad a los pensionistas, según ha confirmado la secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Esto supondrá que, a final de este año, en ese fondo habrá apenas un 45% de lo que el actual Ejecutivo se encontró en la misma. Entonces, una ley establecía que, como máximo ponía como tope de lo que podía disponerse, anualmente, de ese fondo un 3% de todo lo destinado al pago de pensiones, ley que el Gobierno popular derogó un año después de empezar su gestión, algo que le ha permitido acudir a la familiarmente conocida como ‘caja de las pensiones’ 14 veces.
Esto ha sucedido porque, pese a lo que dice el presidente y sus ministros, el fondo no se repone, y no lo hace porque hay menos personas que coticen. En concreto, cuando Rajoy asumió la Presidencia, a finales de 2011, había 17.248.530 personas afiliadas a la Seguridad Social, de acuerdo con los datos difundidos hace unos días por el propio Ministerio de Empleo y Seguriad Social, ell presidente cierra la legislatura con 17.223.086.
Ello significa que el empleo que se ha creado es muy precario: el 92% de los contratos que se han firmado son temporales- y de estos cerca del 56% por períodos de trabajo inferiores a una semana– lo cual hace que la recaudación a la Seguridad Social caiga.
Los mismos datos oficiales indican que en estos cuatro años se han dado de baja de las oficinas de empleo 270.000 parados, la mayoría porque ya no están entre la población activa por diversos motivos: por jubilación, porque no han renovado las cartillas de desempleo al haber agotado las prestaciones o porque se han ido a trabajar fuera.
Además de todo ello, la realidad, a la vista de los números ‘fríos’, lejos de consignas electorales, es que el paro en estos cuatro años no es del 8% como asegura el Gobierno: apenas llega al 6%.
